La principal causa por la que se producen accidentes en la montaña es la inexperiencia de los ciudadanos, que acuden a ella y que la ven como un “parque temático”. “Más del 80% de los rescates son a los que se denominan turistas de montaña, aquellas personas sin experiencia que se aventuran a darse una vuelta por el campo”, se cifra en un 80% los rescates de personas inexpertas, que se adentran en la montaña sin la preparación adecuada. Los senderistas son el grupo que requiere más intervenciones de los grupos de rescate.
El caso de quién debe de pagar los rescates en montaña ha llegado incluso a los tribunales y en octubre del 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sentenció, siendo la primera resolución de este tenor en España, que es “perfectamente legal” y “conforme a derecho” el cobro de rescates.
El caso de quién debe de pagar los rescates en montaña ha llegado incluso a los tribunales y en octubre del 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sentenció, siendo la primera resolución de este tenor en España, que es “perfectamente legal” y “conforme a derecho” el cobro de rescates.
El asunto tuvo su origen en la factura, de 5.960,95 euros, que el Gobierno del Principado de Asturias envió a un montañero como consecuencia del rescate llevado a cabo por parte del Servicio de Emergencias de dicha administración, tras el accidente que sufrió mientras escalaba en la cara norte del Naranjo de Bulnes en el mes de octubre de 2016.
La sentencia defendía su postura argumentando que toda prestación de un servicio público puede llevar aparejado el cobro de una tasa: “No se impone por la práctica de ninguna actividad deportiva sino por un servicio que se presta: el de rescate y salvamento de las personas que se encuentran en una situación de peligro para su vida o integridad por la realización de una actividad de riesgo”. Igualmente, el juzgado sostenía que será la administración quien decida qué cuerpo de salvamento (112, Guardia Civil) intervendrá en la operación: “Conviene precisar, entonces, que una vez que se presenta una situación de peligro, vulnerabilidad, amenaza, emergencia o catástrofe no existe un derecho del particular a elegir qué servicio le tiene que atender (…). El ciudadano tiene derecho a ser protegido y atendido por las Administraciones Públicas en caso de catástrofe (art. 5.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) pero, en cualquier caso, son las Administraciones las que, tras evaluar la situación, deciden la respuesta que debe darse”.
Sea como fuere, los rescates en montaña son un auténtico agujero negro económico para las administraciones que, en ocasiones, solo se ve paliado cuando el accidentado suele estar federado en las diferentes federaciones de montaña y aventura, ficha que suele llevar aparejada un seguro de accidentes, aunque las personas que van a la montaña ‘aseguradas’ sean las menos y normalmente sean los más expertos. Estos seguros federativos suelen incluyen los gastos de traslado o evacuación del accidentado desde el lugar del accidente hasta el centro hospitalario, aunque también hay pólizas que excluyen la cobertura en aquellos casos en que el rescate, búsqueda o salvamento haya tenido lugar como consecuencia de una imprudencia del asegurado.
Artículo original de lainformacion.com: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-rescates-en-montana-agujero-negro-para-las-arcas-de-las-administraciones/6507636/
